HURGA UIF 10 CUENTAS DE GUSTAVO MIRANDA

El diputado local busca borrar su nombre de al menos tres de las empresas García y Miranda Trading S.A. de C.V., Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., Xolos Transfer S.A. de C.V., Corporativo Blue Strawberry S.A. de C.V., Grupo EG Miranda S.A. de C.V., y Corporativo GM S.A. de C.V. de las que es socio

Fuentes de la UIF informaron que son más de 10 cuentas millonarias vinculadas a las empresas de las cuales forman parte el “cártel del despojo”, integrado por Gustavo Miranda García, su madre y otros “connotados” integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

Por ello, el imberbe diputado Gustavo Miranda García, está intentando borrar su nombre de cuanto registro haya ante el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto las está investigando.

Es más, por indicaciones de su propia madre, no hace ni una semana, en entrevista con Adela Micha, se deslindó de su progenitora, tal como Judas lo hizo al vender a Jesucristo por unas monedas de plata, o el mismo Pedro al negarlo tres veces ante los romanos; así desconoció Gustavo Miranda García a Erika García Deister, su madre; en lugar de afrontar las consecuencias de sus propios actos, y renunciar a la vida política.

Y es que dijo que es su madre y no él, quien tiene denuncias por el “cártel del despojo”. “Tendrá ella sus denuncias. Ella. Yo no tengo ahí nada”, fueron sus palabras en una entrevista con Adela. A quien aseguró que su madre ha sido una exitosa empresaria capaz de facturar 35 millones de dólares al año por la venta de paquetes vacacionales. Habrá que ver qué opina Hacienda al respecto.

Además, se atrevió a burlarse del proceso que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo en su contra, al insistir que él no está legalmente implicado en el “cártel del despojo”, reconociendo abiertamente que eso le atañe a su madre. Es más, se dijo víctima del Gobierno Federal, al que acusó de estar judicializando expedientes en todo el país.

¿Cómo deslindarse de su propia parte de culpa? Si entre los cómplices del diputado verde, se encuentran Luis Pablo Bustamante Beltrán, otro “júnior” manipulable, metido a la política como presidente estatal del Partido Verde y actual regidor de Benito Juárez con Mara Lezama, en pago por el favor hecho al diputado para aparentar ser trabajador de su madre en 2015 con un “módico” salario mensual de 90 mil pesos, por vender paquetes turísticos por teléfono. Salario que ya quisieran tantos empresarios honrados.

Otro más de los que se prestaron al juego del despojo de propiedades millonarias dirigido por Erika García, fue David Segura Rodríguez, quien igual aparentó ser empleado de la madre del heredero del “chamaqueo”, cuando en realidad se ostenta como socio de Gustavo Miranda García en la empresa Xolos Transfer, especializada en el autotransporte turístico.

Bien. Estos dos sujetos, grandes amigos del “nene verde” que de verde no tiene más que el mote, ayudaron a su amigo de aventuras Gustavo Miranda García, a aparentar juicios laborales en contra de la hábil estafadora, para evitar que el Banco de Sabadell, mismo que le había otorgado un crédito millonario a Erika García Deister; le embargara propiedades por las cuales también había timado a sus anteriores dueños.

De acuerdo con un reportaje especial del portal Latinus, el heredero de la presidencia del partido del tucán en el Estado, Luis Pablo Bustamante Beltrán y tres personas más, se presentaron el 18 de agosto de 2015 ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, para demandar a Erika García Deister, madre de Gustavo Miranda.

Luis Pablo Bustamante Beltrán, acompañado de José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Baños Cobos, simularon ser trabajadores de Erika Luz García Deister, a través de García y Miranda Trading S.A. de C.V., y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., dedicadas a la venta de tiempos compartidos.

Señalando que devengaban un salario mensual de 90 mil pesos, reclamaban una indemnización al 100% por un supuesto despido injustificado ocurrido el día 27 de julio de 2015.

Todos pedían indemnización completa de tres meses, prima vacacional, salarios caídos, prima de antigüedad y hasta reparto de utilidades y aguinaldos; pero ninguno de ellos presentó contrato, mucho menos sus registros hacendarios. Aun así, la presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Tereza de Jesús Ku Pat, les dio la razón en un proceso sin precedentes por la rapidez del fallo, en la que determinó en menos de dos meses, fallar a favor de los trabajadores.

Ordenó que se cumplieran todos sus reclamos por un monto total superior a los 10 millones de pesos. Resulta que la demandada ni siquiera estuvo presente en el juicio y cuando les preguntaron a los trabajadores cómo querían cobrarse, ellos decidieron que fuera a través de un departamento ubicado en el complejo de lujo Maioris Tower, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.

Dicho inmueble tenía un valor de 13 millones de pesos en 2015, cantidad mayor a la que supuestamente adeudaba a los empleados “sobrepagados”, a quienes sobra decir que la autoridad jamás les pidió comprobante donde acreditaran los 90 mil pesos que decían ganar mensualmente.

Cuando el banco Sabadell dejó de percibir los pagos del crédito de la propiedad, acudió al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, para inmovilizar el inmueble millonario y así cobrar el adeudo que tenía la empresaria. Grande fue su sorpresa al encontrar que éste ya no le pertenecía a Erika García, sino a sus supuestos empleados en complicidad con la Junta Laboral, el Registro Público y la Notaría Pública de Cozumel que consumó el atraco de forma relampagueante.

Cosa contraria a la realidad que sufren miles de trabajadores despedidos y que demandan sumas que les darían risa a estos sinvergüenzas, al ver como suman los años y sus procesos no prosperan, por las trabas jurídicas que encuentran.

Otro caso más encabezado por la misma pandilla delictuosa fue llevado ante la misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECyA) de Cozumel en 2015 por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, quienes encabezaron el expediente laboral número 153/2015.

La fórmula fue la misma. Acusaron a Erika García Deister de despido injustificado y pidieron completa indemnización. En consecuencia, obtuvieron un fallo que decretó la adjudicación de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista, El Table, Cancún”.

A un año de estos hechos, en el mes de diciembre de 2016, Erika García Deister se paseaba del brazo de su “exempleado” en la pantomima del despojo realizado; pero verdadero socio de negocios en la vida real, Jorge David Segura Rodríguez, por las calles de Viena; mientras que su hijo se tomaba fotografías con sus otros cómplices el 28 de junio de 2019, en la Habana, Cuba.

Luego de haber ganado la demanda ficticia, en 2018, Jorge David Segura Rodríguez, vino a constituir la empresa Xolos Transfer, S.A. de C.V. en sociedad con Gustavo Miranda, Obed Rafael Laguna Hernández y Josué Jesús Toscano Ruvalcaba.

La impunidad estuvo en todo su esplendor en este caso. Tanto así, que la Junta Especial que depende del poder Ejecutivo, es decir del gobernador, resolvió estos juicios en cuestión de dos meses, cuando demandas por cantidades inferiores a los 50 mil pesos y que sí tienen razón de ser con copias y todo, se llevan años y a veces hasta fallan a favor de los empresarios.

Lo mismo pasó con el Registro Público de la Propiedad, también dependiente del Gobierno del Estado, al inscribir las propiedades a favor de los trabajadores el mismo día y con apenas minutos de diferencia. A esta ecuación se sumó el notario Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la Notaría 84 en Playa del Carmen, quien avaló todos estos movimientos.

De Segura Rodríguez y Gustavo Miranda, se ha llegado a escribir que son socios en despojo, en negocios, en la política y en el amor. Mientras que el actual líder del Verde hasta pasó la Navidad pasada con su antigua jefa y su hijo.

Pese a este negro historial en su contra, el diputado Gustavo Miranda García fomenta la opacidad. A casi dos años de ser parte de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, no ha querido dar a conocer sus propiedades. Por lo que después de una búsqueda en el Registro Público del Comercio, este medio dio con varias empresas propiedad del diputado.

La primera empresa de esta camarilla compuesta por Erika Luz García Deister y Erick Gustavo Miranda García, vendría a ser el Corporativo Blue Strawberry, S.A. de C.V., constituida el 25 de enero de 2012, bajo el Folio Mercantil Electrónico 42188, en la ciudad de Cancún y que tiene como objeto social principal, el “adquirir, poseer, administrar, construir, comercializar y operar centros nocturnos, bares, hoteles, restaurantes, condominios, balnearios, entre otros”, lo que los llevó a especializarse en este tipo de transacciones.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2017, se tomó un nuevo acuerdo. Se revocó la administración única de Mónica Adriana Meléndez Martínez, misma que quedó en manos de Erick Gustavo Miranda García, quien entonces fungía como comisario, y en su lugar se nombró comisario a Gabriel Velasco Avilés.

Otra de las sociedades que ostenta esta familia, es Grupo EG Miranda, S.A. de C.V., constituida el 3 de marzo de 2017 entre Erik Gustavo Miranda García, Mónica Adriana Meléndez Martínez y José Luis Gómez Sosa; con el objeto principal de “adquirir, enajenar, y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles; así como la ejecución de toda clase de desarrollos habitacionales tanto residenciales como de interés social o popular, desarrollos industriales, comerciales y turísticos”. Quedando Mónica Adriana como administradora única.

Mónica Adriana fue otra de las protagonistas que llevaron a cabo supuestos juicios laborales contra la madre de su socio ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015. Sólo que ella argumentó que ganaba nada menos que 250 mil pesos mensuales, con cuyo reclamo logró “apropiarse” de un departamento de lujo en la Emerald Residential Tower & Spa, con valor de 30 millones de pesos.

Para el 21 de agosto de 2020, mediante la asamblea con el FME N-2017037463, Grupo EG Miranda, llevó a cabo una modificación en su sociedad, en la cual Erick Gustavo Miranda García y Norberto Cuautli Xicale, renuncian a la presidencia y secretaría de la asociación, nombrándose a Mónica Adriana Meléndez Martínez, como administradora única.

Por su parte, Corporativo Blue GM, S.A. de C.V., fue constituida bajo el FME N-2018028563, el día 22 de noviembre de 2017 en el municipio de Benito Juárez, con el mismo objeto de “adquirir, enajenar, administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como tomar y otorgar el uso y goce de los mismos por cualquier título legal, así como la ejecución de toda clase de desarrollos habitacionales tanto residenciales como de interés social o popular, desarrollos industriales, comerciales y turísticos”.

Como otras, ésta demuestra propiedad al 99 por ciento de Gustavo Miranda García y con una sola acción, a Mónica Adriana Meléndez Martínez. Quedando Gustavo Miranda como presidente, Mónica Meléndez como tesorera, e incorporando a Norberto Cuautli Xicale como secretario.

Por si fueran pocas las empresas del legislador, el 6 de septiembre de 2018, bajo el FME N-2018091808, se llevó a cabo la constitución de la sociedad denominada Xolos Transfers S.A. de C.V., especializada en “la prestación y explotación del Servicio Público de Autotransporte Federal de Turismo, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal Estatal y Municipal”.

En ella se tienen además de Gustavo Miranda, a Jorge David Segura Rodríguez (aquél que demandó a la madre de su socio), Obed Rafael Laguna Hernández y Josué Jesús Toscano Ruvalcaba, como socios de la firma transportista. Siendo nombrado Obed Rafael Laguna Hernández, administrador único de la misma.

Luego, el día 13 de abril de 2021, a unos días de que Latinus sacara la nota del “cártel del despojo” integrado por Gustavo Miranda, su madre y amigos del diputado; mediante la Asamblea con el FME N-2018091808, a solicitud de Jorge David Segura Rodríguez, se revocó la administración única a Obed Laguna, quedando en su lugar Jorge Segura y nombrándose a Lizbeth Yadira Córdova Leyva como apoderada y a Saúl Aquino Serrano, comisario.

Y cómo dice la frase: “En el nombre lleva la penitencia”, así queda constancia de la propiedad de Erick Gustavo Miranda de las sociedades Grupo EG (Erick Gustavo) y Corporativo Blue GM (Gustavo Miranda). Por ello por más que ahora quiera deslindarse de la propiedad de ellas en su asociación con los protagonistas directos de la estafa inmobiliaria, ahí están sus iniciales marcadas en sus empresas.

Además, en el colmo del doble discurso y la doble moral, el crío verde aseguró que en menos de dos meses que se hizo del control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, logró el recorte de una lista de 50 aviadores que había en la nómina del Congreso, que le costaban al Estado 500 mil pesos mensuales, cuando una de sus socias en el crimen de despojo de propiedades, Mónica Adriana Meléndez Martínez, aseguraba ganar 250 mil pesos al mes cuando “laboraba” para la madre del diputado.

Las cosas por su nombre. Ni son socialité, ni empresarios, ni juniors, son una camarilla de ladrones que por muchos años han estafado a la sociedad cancunense bajo el disfraz de políticos y empresarios preocupados por causas sociales a través de una fundación creada al respecto en 2013 y denominada “Vacaciones con causa”, que ayudaría a mejorar la condición de vida a personas de escasos recursos y en vulnerabilidad, pero que en realidad ayudaron a la madre del hoy legislador a levantar su empresa turística.

Por su parte, el “nene verde” quien solo sigue las indicaciones del anterior “niño verde”, Jorge Emilio González, solo ha demostrado su falta de capacidad política y liderazgo frente a la Jugocopo y frente a la actual Legislatura en general, que se ha caracterizado por emitir declaraciones que, o nunca lleva a cabo, o se contradice con sus actos.

Siempre ha dicho que no se debe trabajar desde la oficina, sino desde las calles “para vivir y entender los problemas de los habitantes”, lo malo es que ni se le ve por su oficina, ni mucho menos por las calles de Cancún.

Habrá que ver hasta dónde llega este caso, pues todavía no termina. Es más, se maneja que el fraude operado en Cancún podría llegar a esferas internacionales, específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a la implicación de Erika García, su hijo el imberbe diputado Verde, y el júnior presidente del partido del tucán, Luis Pablo Bustamante Beltrán, quienes han sido declarados “Non gratos” en Europa, por acreditar asociación delictuosa.

Lo anterior estaría siendo tramitado en Europa por los abogados del banco español Sabadell, institución a la que defraudó el cártel familiar.